El debate sobre la conservación de la prisión preventiva oficiosa suscitado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar es útil y necesario. Es una barbaridad, como lo han dicho tantos, que el 40 % de la población carcelaria de este país —una población elevada, en relación a otras partes— no esté sentenciada. También es un escándalo que la mayoría de los reclusos sin sentencia sean pobres, carezcan de una defensa competente, y puedan en algunos casos (Israel Vallarta) llevar casi veinte años sin juicio. Y es aberrante que un gobierno que se dice de izquierda amplíe el número de delitos por los que se aplica la prisión preventiva oficiosa