La semana pasada un fiscal argentino, final y formalmente, acusó a la expresidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, de varios cargos de corrupción. La Fiscalía solicitó 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación política perpetua, acusándola de dirigir una asociación ilegal para extraer fondos públicos “desde la cúpula del poder”. Todo ello, según la Fiscalía, sucedió en Santa Cruz, la provincia natal de la vicepresidenta, durante sus mandatos presidenciales y el de su finado marido, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2015.