El gobierno es socio de todos los negocios formales en México, que le tienen que pagar el 30 por ciento de sus utilidades. Es también socio de los individuos. La tasa depende del nivel de ingreso.
La reforma a la Ley de Amparo y las planteadas al Código Fiscal de la Federación son un cambio de reglas del juego pensado cuidadosamente por el gobierno porque cree que no se le está dando completa su parte de la utilidad. Aunque el amparo ha sido utilizado de forma abusiva por algunos causantes, ha servido para frenar los excesos de la autoridad.