La elección de jueces y magistrados será cara, destructiva, y no democrática. Unos 13 mil millones de pesos sólo para el proceso electoral del domingo 1 de junio del 2025 más el costo de tener un Poder Judicial en vilo y un gobierno distraído en temas no esenciales para mejorar el bienestar de la población. Se reemplazará un sistema obviamente perfectible por uno en el que el proceso de reclutamiento permitirá que se cuelen juzgadores que no tendrán la preparación necesaria o que le deban su puesto a un político, a un empresario poderoso, o peor, a un grupo criminal. Es tal el volumen de candidaturas que el ciudadano que salga a votar no sabrá qué está haciendo. En la publicidad oficial, la única permitida, cada candidato a juzgador en la CDMX tendrá 2.5 segundos diarios disponibles en los medios.